Hasta hace unos días — en enero de 2017 algunas entidades han cambiado su tradicional modus operandi— todo aquel que firmaba una hipoteca (o ampliaba una anterior) pagaba de su bolsillo los gastos de notaría, registro, gestoría y el correspondiente Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) para así formalizarla. Sin embargo, la Justicia —sentencia de 23 de diciembre de 2015 del Tribunal Supremo— ha dicho que son nulas las cláusulas que obligan a los particulares a abonar dichos gastos de formalización. Y los tribunales acaban de empezar a aplicar dicha resolución. Para muestra, un botón: la sentencia del juzgado de primera instancia de Granollers declara la nulidad “por abusiva” de la clausula quinta de gastos “en lo relativo a la obligación del prestatario de pagar los gastos de notario, registro, e impuestos de actos jurídicos documentados”.
A pesar de ésta y otras sentencias en este sentido, las dudas sobre esta cuestión sobrevuelan despachos de abogados y asociaciones de consumidores. Adicae señala que se mantiene cierta disparidad de criterios en relación al impuesto de actos jurídicos, “existiendo resoluciones que atribuyen este gasto al consumidor, otros al banco y otros a ambos en diversas proporciones”. David Herranz, abogado de Arriaga Asociados, reconoce que aún estamos en el principio del proceso y hay dudas sobre si la sentencia del Supremo “puede también aplicarse a la cancelación y novación hipotecarias”.
Fernando Salmerón, del Bufete Salmerón de Sevilla, lo explica con la misma prudencia, puesto que tampoco está claro qué universo de hipotecas son reclamables. “¿Son todas o solo las formalizadas en los cuatro años anteriores a la sentencia?”, se pregunta. Aún bajo este panorama no del todo claro y que, según todos los implicados se debería despejar cuánto antes, los expertos recomiendan iniciar los procesos de reclamación, bien por la vía extrajudicial, bien por la judicial. Sea cual sea el camino elegido, lo primero que hay que hacer es recabar una serie de documentos (ver gráfico) para solicitar la
devolución de los gastos de formalización de un préstamo hipotecario.
